Un futuro incierto para las concesiones
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Señora Directora:
El gobierno saliente cerró el año 2021 celebrando un récord de 12 llamados a licitación, representativos de una inversión total de USD$ 4.674 millones.
Sin embargo, vemos actos que tensionan el sistema a semanas de asumir el próximo gobierno.
Primero, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados anunció que citará a la directora general de concesiones para que explique “por qué van a subir los peajes”, desconociendo la existencia de un contrato. Lo anterior se ve alentado por los medios de comunicación, ya que al inicio del estado de excepción constitucional por la pandemia fueron difundidas las manifestaciones por los aumentos tarifarios. Sin embargo, hoy, cuando la disputa que se generó con el MOP fue zanjada por una sentencia arbitral que declaró que la Concesionaria no efectuó cobros indebidos, nada se dice.
Segundo, alimenta este relato el empeño del actual gobierno por reducir las remuneraciones de los miembros del Panel Técnico de Concesiones, con la tramitación de un proyecto de ley, considerando la actual coyuntura económica. Lo anterior se contrapone con el debate transversal sobre las mejoras que necesita el sistema de solución de controversias, en especial, dotando de mayores recursos a su institucionalidad.
Finalmente, leemos en estos días, pero también sufrimos en carne propia, enormes tacos al norte y sur de Santiago, a la espera de pagar manualmente el peaje, donde el MOP había hablado de sistemas de pago sin detención, con el consiguiente desprestigio del sistema y enormes pérdidas para las propias sociedades concesionarias por la indefinición de la autoridad, exponiendo al Fisco a reclamaciones de estos últimos y a la molestia de los usuarios.
A tres décadas del inicio del sistema de concesiones, inciertos se ven los próximos años, no por las nuevas autoridades, sino porque quienes tuvieron la ocasión de promover el sistema lo terminaron afectando.
Rodrigo Riquelme Yáñez
Abogado
